miércoles, 15 de julio de 2009

“El Estado de Guatemala se organiza…” ¿para qué? ¡protegernos!

El pasado 10 de mayo, murió Rodrigo Rosenberg, de cuya muerte, en video testimonial, acusó al jefe de Gobierno, a su esposa, a un financista de su campaña y al Secretario Privado de la Presidencia. Es uno de los escándalos mas graves que ha enfrentado el Gobierno de Álvaro Colom. El Ministerio Público, puesto por Colom, es quien mas daño ha hecho al Gobierno, al rehusar hacer pesquisa alguna, averiguación alguna y tomar declaración alguna a las personas públicamente señaladas. ¡Eso haría hasta una buena foto en los medios! La comparsa del Ministerio Público ha resultado incriminatoria. Lo que pudo haberse despejado alegando que la denuncia de la víctima estaba enderezada a obligar a una investigación de los accionistas del Banco Banrural, ha llegado a convertirse ahora en “el que calla otorga”.

Ese nubarrón negro se ha tratado de despejar hablándole a élites acerca de la “salud” y la “educación”. La respuesta ha sido de júbilo porque “qué niño no quiere un caramelo”. Pero nada de esto compra la conciencia de esos mismos que, en el fondo, le creyeron a Rosemberg y nadie quiere tener por amigo, por pariente, o por vecino, a alguien así de cuestionado.

Para decirlo de una vez, la justicia y la inseguridad, son el altar en el que se sacrifican las mejores “intenciones” del Gobierno. Los continuos cambios en la jefatura de la policía y en la cartera de Gobernación, sugieren que el tema de la inseguridad no se ha logrado abordar con la “inteligencia” que se ofreció en campaña. No sólo esta fracasando el Gobierno en este punto. Atrás van los tribunales y la institucionalidad del país. Es decir, la inseguridad parece ser un terremoto que sacude toda la gobernabilidad y devora la esperanza por un mejor país.

El esfuerzo combinado de la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, la Universidad de San Carlos y la Procuraduría de Derecho Humanos, hecho público el 15 de abril, un día después del asesinato de los Muza, no ha producido frutos reales. Las medidas que mostrarían avances (“la hoja de ruta”), no se han tomado y un esfuerzo que se esperaba, arrojaría resultados en pocos días, se ha convertido en una competencia de posaderas contra cerebros. Mucho fósforo, mucho papel, mucho cabildeo, sin resultados. En parte, por lo que parece ser, de nuevo, falta de claridad y de voluntad de los asesores de gobierno. Nuevas comisiones no cambiarán lo que sólo requiere “sinceridad” decidir. Le faltó liderazgo al Ejecutivo en el tema.

¿Qué queda? Todo el aliento de los guatemaltecos parece estar colgado de la CICIG. No de la creatividad, no del trabajo de sus ciudadanos, no de los logros de cada uno, sino de una Comisión Internacional de cuestionable asidero jurídico. Pero claro, cuando los ladrones ya están en mi casa y mi vida corre peligro, ya no me importa si quien viene a defenderme es mi vecino, una turba, o si son las autoridades del país. CICIG es una ilegalidad más que el Estado de Guatemala debe tragarse por su propia incompetencia frente al tema de la criminalidad. La Corte de Constitucionalidad decidió que, después del FRG, todos sus fallos son “políticos”. Así que la CICIG es el “buen vecino” con derechos. ¿Será que violando la ley nos arreglamos?

Lo desastroso es que CICIG ni es policía, ni es juez, ni es carcelero. Es una suerte de ente pesquisidor que pide leyes, pide protección, pide justicia y pide información. Pero si eso es, más o menos, lo mismo que pedimos todos y ya sabemos que no hay. ¿No es entonces CICIG el “petate del muerto” para asustar a otros mas vivos? Por eso, tampoco veo ahí el futuro de la justicia y seguridad del país. Si el Estado no integra, a los suspiros de abuelita bonachona, la fuerza coercitiva y la verdadera inteligencia, seguiremos todos viviendo en grave, muy grave peligro.

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