viernes, 7 de octubre de 2011

La Reforma el poder judicial, con negocio a la cola

La propuesta de reforma a la Constitución, que se enfoca en la reforma del poder judicial, empezó como una reunión entre universidades. Las universidades fueron convocadas para hablar de un tema legítimo, qué puede hacerse para mejorar la carrera judicial en Guatemala. Esa discusión tomó muchos vericuetos, pero cayó también en profundas confusiones. Las universidades se fueron desgranando y al final quedaron a cargo USAC, URL y ASIES.

De alguna manera se estimaba que la razón por la que los jueces y magistrados no tienen el mejor desempeño es por falta de información. ¿Qué hacen las universidades?  Enseñar.  ¿Cuál es entonces su solución para el problema del desempeño de los jueces y magistrados? Cursos e información. La falacia es que si los jueces tienen la información correcta (provista por esas universidades) su desempeño mejorará. Pero, está claro para cualquier observador del sistema público que las cosas no funcionan en ese ámbito porque a los profesionales a cargo les falte información. Les faltan muchas cosas, pero la información no es la principal carencia.

Para poder dar a los profesionales la brillante información que no le pudieron dar a sus estudiantes en las aulas, pero que ahora de jueces podrán darles, se necesita que estas entidades estén a cargo de la carrera de formación y educación continua de los cientos de jueces y magistrados del Poder Judicial. Nadie debe pensar que eso lo harán las universidades de gratis, usando recursos de su propia bolsa. La reforma crea un Consejo Administrativo que recibe el dinero asignado al Poder Judicial y de ahí se hará las contrataciones respectivas. Para poder conseguir el dinero es indispensable que representates de esas universidades esten a cargo del Consejo. La millonaria contratación de las universidades y entidades en cuestión es el fin de la Reforma, las buenas intenciones, sin duda, son reformar la justicia en el país. En vena de análisis económico del derecho, lo que tenemos son incentivos monetarios para promover una reforma al Poder Judicial.

Esta es la parte mas cruda, dura y nuclear de la propuesta, estas entidades que administran y reciben el pago por sus valiosos servicios tienen un gran negocio entre manos. Claro, hay otras universidades que hacen lo mismo con otros servidores públicos. A unos los forman de maestros, a otros los dotan para ser administradores, dependencias como el Congreso han hecho acuerdos para preparar a su personal administrativo. La pregunta es ¿por qué se necesita hacer este tipo de arreglos improvisados?  Por la falta de una verdadera carrera de servicio público en donde las plazas no son botín político que se reparte cada cuatro años, en tanto se ganan por oposición. Esto incluye a los jueces y magistrados. Si los sindicatos tuvieran un poco de seriedad hace tiempo que estarían subidos en este tema.

La carrera de los juzgadores requiere que se nombre de entrada a los mejores. No que sea juez el profesional mas popular y mejor relacionado, sino el que puede aportar experiencia, conocimientos y competencia. El borrón y cuenta nueva requiere que se establezcan los criterios para evaluar a los juzgadores y que se provean los incentivos correctos para la carrera. La verdadera independencia, la inamovilidad y la permanencia en el cargo son criterios que se acompañan a las pruebas a su competencia profesional.

La reconocida honorabilidad no es todo. Estudios de postgrado, su capacidad como litigante, pasar con alta ponderación los requisitos establecidos, cursos sobre materias criminológicas específicas, en fin, lo que indica verdadera capacidad. ¿Por dónde empezar? Por entender el problema. A los jueces no les falta información o cursos y al sistema no le falta un super Consejo Administrativo. Falta ganarse los puestos por concurso y por un sistema de evaluación verdaderamente independiente y con los incentivos administrativos correctos. No más negocios que benefician a entidades que tampoco los obtuvieron por concurso, hacer esto nos llevará a comprobar diez años mas tarde que esa no era la solución, mientras el costo de probar se mide en vidas humanas.