Disentir involucra un amplio espectro de temas. Por ejemplo los nacionalistas buscan autonomía local; los activistas religiosos buscan espacios para practicar su fe; los grupos étnicos quieren emigrar a donde no son perseguidos; los activistas de derechos humanos quieren la garantía de las libertades personales, anteriores y superiores al Estado, relajar la censura y, donde los hubiere, desmantelar y los campos de trabajo forzoso para disidentes políticos. El denominador común en casi todas estas peticiones es que el régimen se atenga a su discurso político. Es decir que el Estado obedezca su propia ley.
¿Qué le hace nuestro sistema a la vida en comunidad? Qué resultados nos presenta el sistema en los siguientes cinco puntos: 1) ¿se reduce la brecha relativa entre ricos y pobres? 2) ¿se cultiva el respeto a la vida humana y a la persona humana? 3) ¿Se castiga con firmeza el delito? 4) ¿se reduce la impunidad? 5) ¿se hace descansar poco poder en muchas manos? Es obvio que nuestro sistema es deficiente en cada uno de esos cinco puntos; pero lo grave es no percibir el impacto que esas condiciones tienen sobre nuestra ética personal. Estos malos resultados, de supuestas buenas intenciones, han creado fueros y privilegios, políticos, económicos y jurídicos, que relativizan los derechos de todos.
¿Que sucede cuando entre la población se van erosionando los derechos de todos? Desde tiempos coloniales, el virrey solía ponerse la cedula real proveniente de la metrópoli (España) sobre su cabeza y en señal de sujeción decía: se “acata pero no se cumple”. Desde entonces se ha hecho popular decir que “hecha la ley hecha la trampa.” Eso se traduce al pandémico irrespeto de todos al derecho ajeno, el origen de toda infracción y delito.
El ciudadano promedio entiende que ni el Estado cree en sus propias leyes. Sabe, además, que los políticos irrespetan el derecho ajeno, la libertad y la propiedad, por el tráfico de influencias y el enriquecimiento ilícito.
¿Qué es lo único que podemos hacer frente a un sistema así? Reformarlo. Buscar su derrota y sustitución por medios jurídicos y por medios políticos. No hay que olvidar que los sistemas legales que a muchos nos parecen incambiables han cambiado a lo largo de la historia. En Centroamérica los Sandinistas llegaron al poder en Nicaragua y extremaron el ya pesado Derecho Civil convirtiéndolo en derecho marxistas. Un tanto igual se hizo en Cuba. Mientras tanto, años más tarde, los países del Este europeo cambiaban su derecho marxista a versiones más modestas de Derecho Civil.
Por tanto, los cambios de tradición jurídica no son nuevos. Desde la imposición de Justiniano que hizo del derecho consuetudinario romano derecho positivo, pasando por el derecho canónigo de Gregorio VII que centralizó el poder de la iglesia por medios jurídicos, cosa que reñía con el derecho consuetudinario de los pueblos germanos entre los cuales la Iglesia servía; incluyendo a Lutero que quemó el derecho canónigo juntamente con la bula de excomunión, como mecanismo de adhesión al derecho más cercano al pueblo de los electores Juan y Federico de Sajonia; hasta llegar a la Revolución Francesa (1789-1799) que redefinió las penas, las leyes y los instancias legislativas, alejándose de la lex consuetudinis.
Lo que si resulta novedoso hoy es que podamos hacer reformas a nuestra tradición jurídica sin cambiar toda la Constitución. Lo que se requiere es asegurar que en toda ella se respete a la persona humana, la vida, la propiedad, los contratos o “los bienes y la prole”, como se decía antes. Por eso, se requiere otra Cámara que vele sólo por la integridad del Derecho Privado frente al sistema político y jurídico que tiene impulsos de abuso mas que de respeto al ser humano.
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