Mucho pesar hay entre algunos amigos por lo que consideran un fracaso de corto plazo en la elección de jueces y magistrados. Los intereses políticos y mafiosos de nuevo campearon en el escenario. ¿La razón? Algunos asumen que ellos tuvieron la culpa. Que no presionaron lo suficiente, que no investigaron suficiente, que no denunciaron lo suficiente. La elección era “una muerte anunciada” porque los partidos políticos, salvo dos excepciones, se coaligaron para votar por consenso y el consenso olía muy mal. Así están las cosas en el Congreso.
Entre las irresponsabilidades que se han querido esgrimir, por parte de algunos diputados, están que “si Castresana, el español, se opuso, con mayor razón votamos a favor de los cuestionados”. Hubo ovación en el hemiciclo. “Si la sociedad civil cree que tiene injerencia aquí, ahora les demostraremos que no”. Otra es que “si los académicos los dejaron pasar, todos son buenos”. Esto es grave porque ni los académicos ni los diputados pueden delegar su trabajo de examinar a los aspirantes, grave responsabilidad constitucional además. Esos son los fallos del procedimiento, con las reglas actuales, imposibles de mejorar.
Queda ahora el "recurso jurídico" al que estamos tan acostumbrados. Pedimos un amparo a la Corte de Constitucionalidad. Vuelve a la Sala Sexta, no prospera y vuelve a la Corte de Constitucionalidad, para que ella investigue si los cuestionados eran o no los mejores y, con ese análisis, fundamentar el vicio de todo el proceso para ordenar al Congreso que lo haga de nuevo. Entre tanto, las Cortes siguen atendidas por los magistrados actuales.
Uno de los argumentos que escuché fue que se había dejado pasar a muchos candidatos a la lista final, que no tenían “gran trayectoria” para poder elegir “personas coóptables a futuro”. No puedo decir eso en todos los casos. Pero, ciertamente, eso me hizo pensar en el Senado de ProReforma. La razón por la que se espera que sus miembros sean personas de cierta edad, con una carrera y trayectoria limpias, esta evidenciada en esa queja: personas cuya trayectoria no los hace coóptables. Es importante notar que el Senado es una entidad jurídica y no administrativa. De donde, la analogía que esa crítica me hizo evocar, es aun más pertinente.
Si tuviéramos un Senado, los resultados de esta elección hubieran sido muy diferentes. Las Comisiones de Postulación hubieran arrojado sus resultados y los aspirantes de la lista corta hubieran sido trasladados al Senado. Ahí, personas de carrera y trayectoria reconocida, hubieran elegido de la lista a los mejor calificados, profesional y éticamente, porque en su escogencia, sin prevendas ni arreglos, su nombre esta en juego. Esa es la razón por la que ProReforma puso esa responsabilidad en manos del Senado, una entidad no partidista.
Las funciones del Senado no son las de hacer gobierno. Es una función deliberativa de carácter jurídico. Por tanto, es una falsedad que los guatemaltecos estarán gobernados por una gerontocracia (el gobierno de los viejos). Como es igualmente falso, que los Senadores ya estén guardados, “entre algodones”, en algún lugar secreto. Esa elección será un proceso administrado por el Tribunal Supremos Electoral y no será secreto sino público. Y todos los guatemaltecos comprendidos en la edad para ser senadores podrán elegir y ser electos sin discriminación alguna.
No siempre vivimos por las reglas de las personas que elegimos. No podemos cuestionar las leyes más básicas de nuestra sociedad, por las que no votamos, sin destruir el asiento mismo de la civilización. Tenemos un código del gobierno de facto de E. Peralta Azurdia y leyes promovidas por diputados del partido que no elegimos. De modo, que es falso que sólo vivamos bajo las normas que votamos. Sin cambios en el sistema no esperemos resultados diferentes en el corto plazo.
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