La Universidad Nacional frente a ProReforma: típico conservadurismo político

La Universidad de San Carlos se pronunció sobre ProReforma en el Congreso de la República. Fue una de las 90 sesiones en las que se discutió, argumentó y evaluó social y políticamente la propuesta. Hay muchísimo que decir sobre esta presentación y, de nuevo, lo haremos sumariamente tratando de tocar el mayor número de puntos que la USAC criticó.

El primero es que ProReforma hace caso omiso de todos los demás derechos, aparte de los individuales. La respuesta es sencilla, los derechos individuales se mejoran, sin dejar de observarse lo que la Constitución diga sobre los otros derechos, en otros artículos. Es equivocado leer que todos los artículos no modificados dejan de observarse. Insistimos que es una reforma parcial. Se dice que ProReforma absolutiza estos derechos en desmedro de la multiculturalidad. Según parece, al invocar el carácter multicultural, los guatemaltecos, como personas, relativizaran sus derechos individuales y preferirán el trato desigual ante la ley. ProReforma cree que no y se opone justamente a eso.

Dice que “las reformas tienen como finalidad mantener la continuidad del orden jurídico”. Yo no he visto los estudios de la USAC sobre el asalto al orden jurídico que sufrió la institucionalidad en Venezuela, o en Cuba. Esos límites implícitos que aluden ¿son legales, sociales o meramente ideológicos? Si devienen del corazón de la disciplina del Derecho ¿por qué guardar silencio ante Venezuela, Cuba, Ecuador, Bolivia, etc. etc.?

Se habla de la estabilidad de las Constituciones, como si hubiera una contradicción entre el articulo 277 que abre la posibilidad de su modificación y la constitución actual. Sugiere que la buena gobernabilidad viene de la “edad” de la constitución y no de la claridad de sus ideas. Si las ideas son confusas, habrá zozobra, aun cuando la constitución tenga 100, 200 o 500 años.

Sobre la dificultad de determinar cuando un cuerpo normativo debe ser remitido al Senado y cuando a la Cámara de Diputados, no parece haber notado la diferencia entre derecho público y derecho privado. Protesta por lo que aduce como atentado contra el sistema presidencialista, como si tal sistema no fuera responsable de la decadencia de la ley, ¿acaso su naturaleza no conduce al irrespeto a los derechos humanos? Sugiere que la división de poderes es asunto de “sistemas” y no de normas claras. Enarbola la separación de poderes, pero cuando el ejecutivo “cabalga la ley”, como dijera Rousseau, e interfiere en la aplicación de la justicia, ¿será eso mantener adecuada separación de poderes?

Sobre el Senado, de nuevo se queja de mucho poder en la elección de funcionarios y de la concentración estratégica de poder en una súper institución. En ambos casos, lee parcialmente, porque no menciona las comisiones de postulación que es potestad compartida. Tampoco se refiere a que ese poder estratégico tiene únicamente que ver con velar por el respeto a los derechos de la persona. Un poder para exigir el trato igual de todos ante la ley. ¿Por qué temerle tanto a ese poder que no es excesivo y tiene límites bien definidos?

USAC acusa a ProReforma de fraude constitucional, lenguaje insidioso y amarillista, por buscar corregir las deficiencias que el sistema de gobierno presenta. No hay fraude en donde se mantiene la República, el poder soberano reside en el pueblo, este se ejerce por representantes, que son democraticamente electos. No hay fraude en donde existe separación y suplementariedad de poderes. ¿De qué fraude estan hablando? (Artículo 140)

¿Es fraude reformar la constitución cuando el texto de nuestra carta magna lo permite? Y el fraude lo previene la discusión amplia de la propuesta, cosa en la que participó la USAC y no se dio cuenta. Invoca la soberanía del pueblo, coincidimos ahí, pues ProReforma pide una consulta popular, pero demerita la discusión que se dio ante el Congreso, el representante de esa soberanía.

El tema del techo ideológico es repetición de los límites implícitos a la reforma y de mantener la continuidad del orden jurídico. Elegante figura que no tiene asidero alguno más que en la actitud conservadora de mantener un mismo esquema político, presidencialista y una constitución, más o menos intocable, aun cuando no se resuelvan la inestabilidad política, la decadencia de la ley y el irrespeto al derecho ajeno, cosas del día a día, del sufrido pueblo de Guatemala.

Chávez y la delincuencia en Venezuela

El presidente Chávez ha repetido que el desborde de la delincuencia, en Venezuela, se debe a que “existe un problema social;" ”es evidencia que las diferencias sociales causan la delincuencia”. Esta declaración tiene fallos. No sólo justifica la ineptitud en el manejo de la seguridad ciudadana; también comporta un fallo moral según el cual, si se es pobre, está bien delinquir.

Llevado a la práctica, eso quiere decir que cualquiera que se piense más pobre que alguien más tiene derecho a ser delincuente. Pero mas grave aun, la buena noticia para quien delinque es que, en razón de su pobreza, el Estado no tiene la obligación de perseguirlo. Ideas oscuras y confusas del “estadista”. La gente delinque por que no tiene valores, ni sensibilidad jurídica, ni temor de Dios. En la Venezuela de antaño, y aun de hogaño, la gente afectada por la pobreza, tristemente la mayoría del país, llevaba la pobreza con dignidad, y nunca la tomó como licencia para delinquir.

Hay otra razón para la delincuencia. Es de origen político. En donde el Estado ha dado el ejemplo a los demás de que no se han de respetar los derechos del otro, la gente pronto aprende a hacer lo mismo. Si las empresas que el estado no creo, se pueden arrebatar por la fuerza, usando la ley como pretexto, eso tiene un poderoso mensaje para la población. Si los puestos pueden comprarse y las instituciones personalizarse para ajustarlas a los caprichos y extravagancias de quien gobierna, eso de nuevo, ante la opinión pública, se convierte en escuela de la delincuencia. Riqueza rápida y sin aportar sacrificios, tal cual el gobierno.

Ese ha sido también el defecto de nuestra tradición jurídica, ahora más evidente en los gobiernos socialistas. Consiste en legislación que crea ámbitos de derecho, privilegios, por ende, crudamente discrimina contra otros. A unos se les favorece porque tienen el dinero, a otros porque tienen el poder político y a otros, pues, porque no tienen ni una cosa ni la otra. Eso relativiza los derechos de todos y, en donde el derecho ajeno no se respeta o no vale nada, se anida la delincuencia de manera natural.

Es una burda apología del delito refugiarse en la explicación “social” de la delincuencia. Mas honesto resulta decir no sé porque ha proliferado. Es sintomático que estos gobiernos entregados a “servir a los pobres”, no consiguen controlar el desborde social de la delincuencia que trajina toda clase social. Cuando más promesas se hacen a los pobres, más prolifera la delincuencia. Algo hay en las decisiones y en el discurso políticos que para la población se traduce a un derecho a arrebatar lo que proclama el presidente. Realmente, consiste esta actitud en la encarnación del irrespeto al derecho ajeno, llevado de las instituciones al pueblo.

Es lo opuesto al Estado de Derecho que promueve la protección de los derechos de la persona humana, anteriores y superiores al Estado. Esa visión, ha sido siempre más eficaz en el combate a la delincuencia. Se trata de una filosofía en la que la igualdad económica no es un ideal superior a la equidad, ni al derecho ajeno. La igualdad económica por decreto siempre ha sido un riesgo, porque sólo se puede lograr hacia abajo y a costa de la libertad, un valor mas preciado.

Pero la mala noticia para Venezuela es que los infractores aumentarán en vez de disminuir. Cuanto más se restrinjan las libertades personales y se limite a las personas aquello que en otros países todos son libres de hacer, más infractores y rebelión habrá. De nuevo, se dirá que la culpa la tienen los “reaccionarios”, y no las decisiones del gobierno.

Es una pena que el principal factor de relativización de la ley y de las buenas costumbres provenga de éste presidencialismo tan insensible a la ética y a lo jurídico. Y mas penoso resulta que, sin meritos en la moral, sean estos criterios los que quieren hacerse de la patria potestad compartida de los niños en Venezuela.

Sin ideas claras, solo se recurrirá a la policía estatal para someter, por la fuerza, a una nación de infractores que el gobierno mismo esta creando. Todo ello, sin detenerse a meditar ¿por qué es que nada de lo que se prueba produce los resultados esperados? ¿Por qué hay que acudir al ardid y a la ficción para esconder los malos resultados? ¿Será que no tenemos la verdad absoluta?

Posicionamiento de la Alianza Evangélica de Guatemala-VIDEO PROREFORMA

Presentación de Alianza Evangélica a la comisión de legislación y puntos constitucionales. Proreforma from proReforma on Vimeo.

El futuro de la sociedad civil en Guatemala

Soy parte del foro Guatemala, en representación de la Alianza Evangélica de Guatemala. Uno de sus miembros fundadores y de los pocos oradores nombrados para celebrar el primer aniversario del Foro. Ese punto de encuentro, es uno de los pocos buenos “resultados” del gobierno de Alfonso Portillo. Claro, la sociedad civil es una multitud de expresiones, algunas organizadas con un sólo frente y otras constituyen plataformas más individuales, de muchos colores. En su mayoria, mutuamente anónimas, por diferencias de ideas, de enfaisis y de trabajos.

De modo que, grupos de presión social, universidades e iglesias, y con ellos, columnistas, periodistas y, tras de ellos, tanques de pensamiento o instituciones de análisis especializado, se funden en ese mundo que se llama la sociedad civil. Todos, encuentran gran expresión social en momentos puntuales, como el cobarde asesinato de Rodrigo Rosenberg, la ley de comisiones de postulación, la transparencia en la elección nominal dentro de las comisiones, hasta llegar a la actual crisis en la elección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia.

Indudablemente, pasos grandes, relativamente hablando. La fragilidad, sin embargo, es que no están debidamente asegurados en la ley. Son pasos que mañana vienen los vivos de siempre, con mas dinero, con mas presión y con mas recursos jurídicos y se saltan las trancas que hoy quedaron mal aseguradas. De modo que el asunto no depende solo de la “eterna vigilancia” que mañana estemos dispuestos a prestar, sino de las garantías reales que la ley nos da.

Esto de "la eterna vigilancia" también hay que matizarlo. ¿Vigilancia ciudadana o vigilancia internacional? ¿Será que siempre estaremos bajo la protección de las llamadas de la Embajada de la Reforma? ¿Será que siempre tendremos derechos tutelados por Naciones Unidas y todas sus entidades? Así que las victorias ciudadanas no son tal. Son victorias de niño de 9 meses, que da dos pasos y su papá le ayuda a dar los otros tres. Esas son victorias del que se quiere congratular en ser siempre niño. Al final, son "baby steps".

La carrera de maratón, son 44 kilómetros, y nos regocijamos por que hemos avanzado un metro. Para mi, eso más que de alegría me llena de frustración. Son centímetros de avance negociados en medio de una jungla de intereses y bajo la ayuda paternal del mismo sector al que a ratos le extendemos la mano, a ratos le volteamos la espalda y a ratos le gritamos imperialista y explotador. ¿Qué garantía nos significa eso si no apuntalamos mejor las cosas en la ley?

Sin reformar al país por medios jurídicos y por medios políticos, no veo salidas estables. Sin alterar los personalismos y los botines políticos, propiciando su derrota y sustitución jurídica, no creo que haya viabilidad para la Guatemala que sería posible. Sin darle el carpetazo a la cultura de privilegios, fueros y derechos creados por ley, la clase política siempre pensará que si la sociedad civil quiere gobernar, que haga "su" partido político y llegue al congreso.

De modo que, sin una reforma que elimine privilegios, que someta a gobernantes y gobernados a las mismas leyes y que cause el respeto de los países que denunciamos como intervencionistas, no tendremos un verdadero país.

Como dijo recientemente una presentadora en el congreso: “Hagamos realidad lo que ha sido letra con poca vida, porque el Capítulo II, Título I, encierra realidades capaces de generar verdadero desarrollo. Atrevámonos a ser república con mejores pesos y contrapesos. Forjemos la institucionalidad que sistematiza y protege, desde la Cámara de Senadores, los derechos fundamentales de todos los guatemaltecos. En otras palabras, convirtamos la Constitución Política de la República de Guatemala en un documento que habla por las personas reales y no en un documento que sirve de excusa para construir discursos políticos que defienden a colectividades retóricas, mientras ignoran a la persona humana.” Esa es la visión de ProReforma.

Elección de Jueces y Magistrados ¿Fracasó el esfuerzo ciudadano o el sistema?

Mucho pesar hay entre algunos amigos por lo que consideran un fracaso de corto plazo en la elección de jueces y magistrados. Los intereses políticos y mafiosos de nuevo campearon en el escenario. ¿La razón? Algunos asumen que ellos tuvieron la culpa. Que no presionaron lo suficiente, que no investigaron suficiente, que no denunciaron lo suficiente. La elección era “una muerte anunciada” porque los partidos políticos, salvo dos excepciones, se coaligaron para votar por consenso y el consenso olía muy mal. Así están las cosas en el Congreso.

Entre las irresponsabilidades que se han querido esgrimir, por parte de algunos diputados, están que “si Castresana, el español, se opuso, con mayor razón votamos a favor de los cuestionados”. Hubo ovación en el hemiciclo. “Si la sociedad civil cree que tiene injerencia aquí, ahora les demostraremos que no”. Otra es que “si los académicos los dejaron pasar, todos son buenos”. Esto es grave porque ni los académicos ni los diputados pueden delegar su trabajo de examinar a los aspirantes, grave responsabilidad constitucional además. Esos son los fallos del procedimiento, con las reglas actuales, imposibles de mejorar.

Queda ahora el "recurso jurídico" al que estamos tan acostumbrados. Pedimos un amparo a la Corte de Constitucionalidad. Vuelve a la Sala Sexta, no prospera y vuelve a la Corte de Constitucionalidad, para que ella investigue si los cuestionados eran o no los mejores y, con ese análisis, fundamentar el vicio de todo el proceso para ordenar al Congreso que lo haga de nuevo. Entre tanto, las Cortes siguen atendidas por los magistrados actuales.

Uno de los argumentos que escuché fue que se había dejado pasar a muchos candidatos a la lista final, que no tenían “gran trayectoria” para poder elegir “personas coóptables a futuro”. No puedo decir eso en todos los casos. Pero, ciertamente, eso me hizo pensar en el Senado de ProReforma. La razón por la que se espera que sus miembros sean personas de cierta edad, con una carrera y trayectoria limpias, esta evidenciada en esa queja: personas cuya trayectoria no los hace coóptables. Es importante notar que el Senado es una entidad jurídica y no administrativa. De donde, la analogía que esa crítica me hizo evocar, es aun más pertinente.

Si tuviéramos un Senado, los resultados de esta elección hubieran sido muy diferentes. Las Comisiones de Postulación hubieran arrojado sus resultados y los aspirantes de la lista corta hubieran sido trasladados al Senado. Ahí, personas de carrera y trayectoria reconocida, hubieran elegido de la lista a los mejor calificados, profesional y éticamente, porque en su escogencia, sin prevendas ni arreglos, su nombre esta en juego. Esa es la razón por la que ProReforma puso esa responsabilidad en manos del Senado, una entidad no partidista.

Las funciones del Senado no son las de hacer gobierno. Es una función deliberativa de carácter jurídico. Por tanto, es una falsedad que los guatemaltecos estarán gobernados por una gerontocracia (el gobierno de los viejos). Como es igualmente falso, que los Senadores ya estén guardados, “entre algodones”, en algún lugar secreto. Esa elección será un proceso administrado por el Tribunal Supremos Electoral y no será secreto sino público. Y todos los guatemaltecos comprendidos en la edad para ser senadores podrán elegir y ser electos sin discriminación alguna.

No siempre vivimos por las reglas de las personas que elegimos. No podemos cuestionar las leyes más básicas de nuestra sociedad, por las que no votamos, sin destruir el asiento mismo de la civilización. Tenemos un código del gobierno de facto de E. Peralta Azurdia y leyes promovidas por diputados del partido que no elegimos. De modo, que es falso que sólo vivamos bajo las normas que votamos. Sin cambios en el sistema no esperemos resultados diferentes en el corto plazo.