Esta breve discusión trata de lo que se conoció originalmente como las “decisiones hechas afuera del mercado”. Se refiere al acuerdo de un grupo multidisciplinario liderado por James Buchanan y Gordon Tullock, que en los años 60s trataba de explicar como funcionan los procesos democráticos en la práctica. Este amplio grupo de investigadores sociales norteamericanos, politólogos, sociólogos, antropólogos y economistas, vendrían a representar después lo que se conoce como Public Choice.
Esta disciplina es una aplicación de la economía a la política, en especial a los arreglos institucionales. Consiste en un método para pensar sistemáticamente en cuál es el impacto que tienen los incentivos sobre ciertas personas o grupos en la formación de políticas públicas. Por supuesto, esto no se aplica solo a la política estatal, sino a todas las decisiones que abordan la solución de problemas de grupos, como clubes, agrupaciones, condomines o comunidades políticas mayores. Una publicación importante fue la obra "The Calculus of Consent", de Buchanan y Tullock, de 1963, que aglutinó a muchos investigadores, quienes adoptaron en su reunión anual, de 1967, el nombre de Public Choice, que aquí traducimos libremente como Opción Pública. También se le conoce como el análisis económico del derecho o de las normas.
La metodología no es monolítica en tanto sus adherentes la aplican a diversos intereses: economía experimental, economía conductual, economía institucional y economía del bienestar entre otras. Los seguidores, además, representan diversas ideologías, que van desde el Keynesianismo, el neoclasicismo, hasta el liberalismo clásico en materia económica. Parecen coincidir, sin embargo, en que los fracasos de la organización social no son producto del mercado, pues hay en esos temas más tela que cortar que las tijeras disponibles en manos de los confeccionadores del pesimismo económico.
Para aterrizar lo dicho hasta aquí, diremos que lo que esta en juego es si “las políticas publicas” son socialmente efectivas y siempre beneficiosas. Cuándo debe intervenir el Estado y cuándo no debe hacerlo. ¿Puede construirse una metodología que predice cuándo fallará la acción gubernamental como se usa para predecir los resultados de ciertas decisiones del mercado? Es que a menudo lo que se anticipa del mercado es rechazo ideológico sin ver el resultado; mientras en la política pública se critica el resultado sin preguntarse cómo, con incentivos de mercado, pudo ser exitosa.
Por ejemplo, en una economía, la brecha entre el output (producción) potencial y el real es aceptada simplemente por detectar la diferencia entre lo uno y lo otro, y de eso se sigue que el mercado fracasa por no alcanzar su óptimo. Desde la opción pública resulta más importante comparar arreglos institucionales que aspirar a un ideal desconocido.
Otro punto importante es que las personas tenemos conocimiento imperfecto y costoso. Pero es posible pedir privilegios a grupos y obtenerlos, desconociendo que con eso estamos trasladando costos a terceros. Por ejemplo, educamos gratuitamente a los habitantes en las grandes ciudades a costas de la falta de escuelas u otros servicios básicos en el área rural. Esa imposición de costos sobre terceros se llama “externalidades” y ocurre en los subsidios al transporte urbano, por ejemplo, a expensas de aquellas ciudades en las que no hay transporte publico. Así, los premios, subsidios y ventajas, a ricos o pobres, según sea el caso, son imposiciones que se traducen en perdidas a otros.
Es posible que los comedores solidarios tengan un costo en contra de los que se dedican a vender comida que sufren ya el desempleo o subempleo. Es posible que la protección a la importación de azúcar o cemento sea potencialmente nociva al encarecer ese producto a los consumidores locales. Es posible que una mala privatización, sin competencia y con socios económica o políticamente poderosos, ponga al público a merced de monopolios como paso con la privatización de Aviateca en el caso de Guatemala. Hoy es más caro volar a Centroamérica que a Estados Unidos. La consecuencia la sufre el pueblo.
Para evitar esos incentivos perversos los estudiosos de la opción pública se atienen al análisis de las normas de toma de decisiones colectivas. ¿Cómo se verían, analizados desde el punto de vistas de las opciones públicas, los efectos regulatorios del código de trabajo? ¿Quién gana y quien pierde? ¿Logra el cometido de proteger al trabajador o solo lo secuestra en situaciones laborales indeseables? Y ¿en cuanto a la ley del seguro social? ¿Conviene al trabajador la capitalización colectiva? ¿Qué impacto produce sobre los administradores del seguro social la indiferencia que produce la capitalización colectiva? De nuevo ¿Quién gana y quien pierde? ¿Es eficiente o dañino para terceros? Por eso las reglas son tan importantes.
No siempre las mayorías tienen la razón y por eso no podemos concluir que esa regla sea la mejor ni la única para arreglar diferencias. A veces esta norma aumenta costos escondidos y sacrificamos a terceros en el altar de la simpleza en la forma de votación.
Estamos ahora en plena campaña electoral. Cual es el papel de los partidos, los candidatos y las normas en este proceso. No cabe duda que los partidos con su propaganda y debates dan a conocer sus propias plataformas y tratan de desacreditar a los competidores, informando de sus deficiencias. Ambas actitudes aligeran los costos de información de los votantes. El ISN con su proyecto "Se Busca Presidente" también contribuye a reducir esos costos. ¿Pero cuál es el costo de una segunda ronda? ¿Cuál es el riesgo político sobre los mejores candidatos? ¿Qué nos enseña Perú sobre este particular? Las rondas simultáneas que ordenan y definen al ganador en la primera vuelta es una propuesta típica de opción pública.
Como votantes queremos que el gobierno nos de mas, a costa de lo que sea. En Europa los ciudadanos exigen sus “derechos”, sin importar el colapso del Estado. Si fue dado a otros, yo también lo merezco, y si el Estado quiebra pues que quiebre. La idea antigua de que el Estado nunca quiebra ha quedado atrás. Recordemos que la reconfiguración de la ex Unión soviética o de la Cuba actual tiene una causa económica.
Para terminar, veamos algunas categorías propias de la opción pública: El ser humano, de él se dice que tiene conocimiento imperfecto. Del Estado se dirá que sus decisiones deben medirse por sus efectos concretos y no por sus intenciones. De los partidos políticos se postula que reducen los costos de los ciudadanos de decidir qué hacer con el gobierno. De las normas, estas hace predecible la conducta en sociedad y su arreglo puede ser infinitamente creativo, pero toda ley genera costos e ignorarlos es fatal. De los impuestos se dirá que el costo de tener gobierno no debe ser más oneroso que sus beneficios. De la población, es necesario analizar qué pide y qué se le da, porque la gente negocia hasta su propia esclavitud, con tal de creer que obtiene lo que quiere. En cuanto a las ideas de “republica y la democracia”, ya hemos dicho, en otras ocasiones, que los controles republicanos son social o económicamente caros pero preservan la libertad, cosa que al espíritu de mayorías le tiene sin cuidado. En fin, estas son algunas de las categorías a tomar en cuenta en el análisis de los incentivos que se generan al considerar el lado económico de las normas y de las instituciones.
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